Multas y amenazas por defender los derechos de los niños y niñas migrantes

La ONG Prodein denuncia la violencia institucional y policial hacia los menores no acompañados que viven en las calles de Melilla, además de amenazas y multas contra la organización por realizar su trabajo.

Oussama tenía 18 años recién cumplidos cuando murió al precipitarse por el acantilado del faro de Melilla el pasado 27 de mayo. Buscaba llegar al puerto para tratar de subir de polizón a un barco que lo llevara hasta la Península, pero los accesos más fáciles están controlados 24 horas por la policía y los más peligrosos son todavía más difíciles de traspasar desde que, días antes de las elecciones, se instalara una nueva valla en la zona.

“La valla llevaba sólo una semana puesta. Una semana, un muerto”, dice Sara Olcina, educadora de calle y activista de la ONG en defensa de los derechos de los niños Prodein, que trabaja con los menores migrantes que viven en las calles de Melilla en espera de una oportunidad. “Los niños tienen que descolgarse y hay muchas posibilidades de caerse, porque la valla dificulta el acceso”, añade.

En la tarde del descubrimiento del cuerpo de Oussama en el acantilado, los niños de la calle, compañeros del joven, decidieron espontáneamente despedir a su amigo en el lugar en el que perdió la vida, un homenaje en el que también participó Prodein. “Ante el silencio de los políticos, decidimos hacer algo con sus compañeros. Fue un acto espontáneo. Fuimos al sitio donde se cayó y los niños pintaron unas pancartas con mensajes de adiós”, añade Olcina. “A las patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil que se acercaron les pedimos por favor que dejasen a los niños celebrar su duelo, que nos encargábamos de que no pasara nada”, explica Olcina, que añade que tras finalizar el acto incluso retiraron los carteles para utilizarlos en otra ocasión. A pesar de ello, el 26 de junio la organización recibió una multa de 1.500 euros de Delegación de Gobierno por no haber comunicado la concentración y por “alteración grave del orden público, al realizarse por parte de los afectados actos vandálicos”.

Prodein denuncia que el acoso por parte de las Fuerzas de Seguridad continuó recién iniciado el día 1 de julio, poco antes de la una de la madrugada, cuando se presentaron varias patrullas de la Guardia Civil en la plaza en la que se encontraban con algunos de los niños de la calle con la intención de llevarlos a un centro de menores, “bajo continuas amenazas de ‘dar palizas’ si permanecían en la calle”, explican en un comunicado. Además, añaden desde la ONG, ellos mismos recibieron la amenaza de que, con la entrada en vigor ese mismo día de la Ley Mordaza, se les podía acusar de “reunión subversiva y alteración del orden público”.

Para Olcina, “el problema empieza por dar acompañamiento a los niños. No conciben que haya gente que se acerque a estos niños, porque entonces pueden contar el trato que se les da en el centro de menores y por las fuerzas de seguridad. Si son invisibles y la gente no se les acerca, no lo pueden contar”.

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